DESTACAN APROBACIÓN DE LEY QUE REGULA OPERACIÓN DE BALSES DURANTE CRECIDAS
Gracias a ley que regula operación de embalses durante crecidas:
“Pobladores ribereños tendrán mayor tranquilidad”
Como una muy buena noticia para las poblaciones ubicadas en las riberas de los ríos donde existen embalses, calificó la diputada Clemira Pacheco la aprobación definitiva por parte del Senado del proyecto que regula la operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas y que quedó en condiciones de convertirse en ley.
La iniciativa (boletín 5081) norma la operación de los embalses de control que, por su capacidad de regulación o por su cercanía a lugares habitados, permita, en casos de crecidas inminentes de caudales de agua, evitar o mitigar los riesgos para la vida, la salud o los bienes públicos y privados. Por crecida se entenderá el aumento significativo de los caudales de los cauces que puede provocar su desborde; en tanto que se define embalse como toda obra que tenga un muro por sobre el nivel del terreno y que acopie aguas.
Este proyecto, recordó la parlamentaria, fue un compromiso asumido por la presidenta de la República el año 2006, ante un grupo de pobladores de Hualqui, que viajó a La Moneda a conversar con la mandataria en busca de soluciones a los problemas que sufrieron a raíz de la inundación producida por el río Bío Bío y que dañó viviendas y enseres. Dicha crecida del río fue atribuida a una mala operación de la central Pangue cuyas compuertas se abrieron en la oportunidad ante la acumulación de agua que presentó.
“Por lo mismo me parece muy importante que finalmente este proyecto haya sido aprobado en el Parlamento y puede convertirse en ley, porque así habrá un instrumento que regulará la operación de los embalses y además en caso de incumplimiento, se aplicará fuertes multas”, explicó.
En efecto, la iniciativa establece una multa que va entre las 50 a 500 UTA, es decir, entre unos $20 a $220 millones para los operadores de embalses que no cumplan con la obligación de instalar y mantener el sistema de monitoreo de caudales. Del mismo modo, se fijó una multa que irá entre las 200 a 6.000 UTA, es decir entre los $90 y los $2.700 millones para los operadores que incumplan las medidas de la Dirección General de Aguas (DGA) una vez declarado el estado de alerta ante crecidas. La diputada Pacheco dijo que la ley no sólo considera las multas sino también los mecanismos que se usarán y los responsables de aplicarlos, “así que creo que será una buena herramienta que permitirá dar más tranquilidad a las personas que viven a orillas de los ríos donde hay represas”, recalcó.
Escribir un Comentario